Es el primer proyecto legislativo que divide a los socios del Gobierno autonómico al no poder llegar a un acuerdo por el empeño de Iglesias en impulsarlo y el veto radical de Biel.
C. CILLANOVA. Zaragoza
La tensión interna en el Ejecutivo PSOE-PAR por la Ley de Lenguas ha terminado por estallar. Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con su socio, los socialistas han decidido presentar el proyecto legislativo como proposición de ley de su grupo parlamentario, un extremo inédito en los casi diez años de coalición gubernamental.
En esta ocasión, el tan socorrido y manido argumento de la excelente relación y sintonía entre Marcelino Iglesias y José Ángel Biel no ha servido para encontrar suficientes puntos de encuentro y dar solución a una polémica que lleva mucho tiempo viva en el seno del Ejecutivo. De hecho, Biel ha sido particularmente tajante en la cuestión y ha vetado que el borrador de Ley de Lenguas elaborado por el departamento de Educación y Cultura pueda ser aprobado por el Consejo de Gobierno.
Iglesias, sin embargo, no renuncia a cumplir en su último mandato como presidente aragonés una de las propuestas legislativas de su partido que le son personalmente más queridas. Puesto que el proyecto de ley (la iniciativa legislativa que le corresponde al Gobierno) no es posible sin romper la alianza con el PAR, ha decidido que el borrador se tramite como proposición de ley del grupo parlamentario socialista.
Pero el rodeo elegido para satisfacer la voluntad política de dar rango normativo a las lenguas catalana y aragonesa no evitará el choque PSOE-PAR. La confrontación, simplemente, se trasladará a las Cortes, donde se podría dar la esperpéntica situación de ver a cada uno de los grupos que sustentan al Gobierno votando con signo diferente.
Mucho tendrán que trabajar los portavoces socialista y aragonesista, Jesús Miguel Franco y Javier Allué, para decantar el actual borrador de la Ley de Lenguas hacia unos términos que sean satisfactorios para los dos partidos. A día de hoy, ni siquiera se atisba la posibilidad de que el PAR se abstuviera, ya que resultaría incoherente la radical oposición en el Ejecutivo a tramitar un proyecto de ley para terminar dándole paso libre, gracias a su hipotética abstención, como proposición de ley en el Parlamento autonómico.
Por otro lado, la imagen de una votación en el pleno de las Cortes con los grupos del Gobierno defendiendo posiciones opuestas retrotraería la memoria parlamentaria a la etapa final del Ejecutivo PP-PAR, la última vez que esa anómala situación se daba con cierta frecuencia.
Precisamente de aquella turbulenta etapa es fruto la actual Ley de Patrimonio Cultural, de 1999, en la que se incluye la reclamación de una Ley de Lenguas que establezca la cooficialidad del catalán y el aragonés en sus zonas de uso habitual. Ese artículo para pedir la cooficialidad se incluyó durante el trámite parlamentario de la norma sobre patrimonio. La propuso CHA y recibió el apoyo de PSOE, IU y PAR.
Los aragonesistas no tuvieron problema en votar en contra de su socio de Gobierno, el PP, que rechazaba la propuesta de CHA al considerar innecesaria una Ley de Lenguas. En el grupo parlamentario del PAR ejercía entonces como portavoz José Ángel Biel, el mismo que ahora, como vicepresidente de la DGA, ha vetado el proyecto de norma lingüística por “no crear problemas donde no los hay”. Y eso que el borrador elaborado por el PSOE ni siquiera reconoce textualmente la cooficialidad de los dos idiomas minoritarios, aunque sí les confiera de facto muchas de las características que conlleva ese rango.
La cuestión de la cooficialidad explícita no es baladí. El PSOE, si quiere sacar adelante la Ley de Lenguas, tendrá que negociar con CHA para solventar un más que posible voto en contra del PP y el PAR. Pero los nacionalistas son fervientes defensores de la cooficialización en las comarcas donde se habla aragonés y catalán y en esta ocasión, por una vez, juegan con la ventaja de ser necesarios para los socialistas, que tienen muy difícil negociar con el PAR su propuesta legislativa sin descafeinarla hasta dejarla inoperativa.
C. CILLANOVA. Zaragoza
La tensión interna en el Ejecutivo PSOE-PAR por la Ley de Lenguas ha terminado por estallar. Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con su socio, los socialistas han decidido presentar el proyecto legislativo como proposición de ley de su grupo parlamentario, un extremo inédito en los casi diez años de coalición gubernamental.
En esta ocasión, el tan socorrido y manido argumento de la excelente relación y sintonía entre Marcelino Iglesias y José Ángel Biel no ha servido para encontrar suficientes puntos de encuentro y dar solución a una polémica que lleva mucho tiempo viva en el seno del Ejecutivo. De hecho, Biel ha sido particularmente tajante en la cuestión y ha vetado que el borrador de Ley de Lenguas elaborado por el departamento de Educación y Cultura pueda ser aprobado por el Consejo de Gobierno.
Iglesias, sin embargo, no renuncia a cumplir en su último mandato como presidente aragonés una de las propuestas legislativas de su partido que le son personalmente más queridas. Puesto que el proyecto de ley (la iniciativa legislativa que le corresponde al Gobierno) no es posible sin romper la alianza con el PAR, ha decidido que el borrador se tramite como proposición de ley del grupo parlamentario socialista.
Pero el rodeo elegido para satisfacer la voluntad política de dar rango normativo a las lenguas catalana y aragonesa no evitará el choque PSOE-PAR. La confrontación, simplemente, se trasladará a las Cortes, donde se podría dar la esperpéntica situación de ver a cada uno de los grupos que sustentan al Gobierno votando con signo diferente.
Mucho tendrán que trabajar los portavoces socialista y aragonesista, Jesús Miguel Franco y Javier Allué, para decantar el actual borrador de la Ley de Lenguas hacia unos términos que sean satisfactorios para los dos partidos. A día de hoy, ni siquiera se atisba la posibilidad de que el PAR se abstuviera, ya que resultaría incoherente la radical oposición en el Ejecutivo a tramitar un proyecto de ley para terminar dándole paso libre, gracias a su hipotética abstención, como proposición de ley en el Parlamento autonómico.
Por otro lado, la imagen de una votación en el pleno de las Cortes con los grupos del Gobierno defendiendo posiciones opuestas retrotraería la memoria parlamentaria a la etapa final del Ejecutivo PP-PAR, la última vez que esa anómala situación se daba con cierta frecuencia.
Precisamente de aquella turbulenta etapa es fruto la actual Ley de Patrimonio Cultural, de 1999, en la que se incluye la reclamación de una Ley de Lenguas que establezca la cooficialidad del catalán y el aragonés en sus zonas de uso habitual. Ese artículo para pedir la cooficialidad se incluyó durante el trámite parlamentario de la norma sobre patrimonio. La propuso CHA y recibió el apoyo de PSOE, IU y PAR.
Los aragonesistas no tuvieron problema en votar en contra de su socio de Gobierno, el PP, que rechazaba la propuesta de CHA al considerar innecesaria una Ley de Lenguas. En el grupo parlamentario del PAR ejercía entonces como portavoz José Ángel Biel, el mismo que ahora, como vicepresidente de la DGA, ha vetado el proyecto de norma lingüística por “no crear problemas donde no los hay”. Y eso que el borrador elaborado por el PSOE ni siquiera reconoce textualmente la cooficialidad de los dos idiomas minoritarios, aunque sí les confiera de facto muchas de las características que conlleva ese rango.
La cuestión de la cooficialidad explícita no es baladí. El PSOE, si quiere sacar adelante la Ley de Lenguas, tendrá que negociar con CHA para solventar un más que posible voto en contra del PP y el PAR. Pero los nacionalistas son fervientes defensores de la cooficialización en las comarcas donde se habla aragonés y catalán y en esta ocasión, por una vez, juegan con la ventaja de ser necesarios para los socialistas, que tienen muy difícil negociar con el PAR su propuesta legislativa sin descafeinarla hasta dejarla inoperativa.
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